Moción:
Moción del Grupo Municipal Popular de rechazo a la corrupción y difusión de bulos por parte del Gobierno de España y su entorno y sus ataques al Estado de Derecho.
Se presenta a pleno Moción del Grupo Municipal Popular de rechazo a la corrupción y difusión de bulos por parte del Gobierno de España y su entorno y sus ataques al Estado de Derecho, que pasa a exponer su Portavoz y Tte. de Alcalde Delegado de Presidencia y Relaciones Institucionales, D. Jorge Saavedra Requena, y que literalmente dice:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
España vive una de las etapas más oscuras en términos de deterioro institucional y de casos de corrupción que afectan directamente al núcleo del Gobierno de la nación y al Partido Socialista Obrero Español. Las investigaciones judiciales en marcha, como el caso Koldo o las ramificaciones del caso Delcy, están revelando tramas de cobro de comisiones ilegales, tráfico de influencias y corrupción institucional vinculadas a ministerios clave del Ejecutivo de don Pedro Sánchez Pérez-Castejón y a los más altos responsables del partido.
En un momento de profunda crisis de confianza ciudadana en las instituciones del Estado, se suman informaciones preocupantes sobre posibles prácticas de espionaje político dirigidas contra altos cargos del Gobierno andaluz. El posible uso indebido de recursos del Estado dirigidos contra altos cargos de la Junta de Andalucía constituye un hecho de extrema gravedad que, de confirmarse, supondría una quiebra intolerable de la neutralidad institucional y una ilegalidad sin precedentes en democracia.
Los casos judiciales que afectan al líder del ejecutivo y a su entorno familiar y político son muy numerosos y muestran indicios muy graves. Así en el caso de la instrucción judicial relativa al hermano del presidente del Gobierno nos encontramos con un dirigente socialista que ha huido de su cargo de presidente de Diputación para, de forma exprés y puede que hasta fraudulenta, tomar posesión como diputado autonómico y así beneficiarse del aforamiento, todo ello, horas antes de producirse auto judicial que le llevaría a juicio. Por otro lado, en el sumario relativo a la investigación sobre la esposa del presidente Sánchez son cada vez más los indicios y pruebas que aparecen contra Begoña Gómez y por lo tanto más se complica el futuro judicial de la inquilina de la Moncloa. Pero no finaliza aquí el panorama judicial del líder socialista, ya que además la persona que designó como Fiscal General del Estado, es decir, como máximo responsable de la institución que debe velar por el cumplimento de la ley, está a punto de sentarse en banquillo de los acusados.
El punto culminante, hasta ahora, de toda ésta situación judicial se ha conocido con el informe de la UCO de la Guardia Civil en el que se traslada al Tribunal Supremo un pormenorizado análisis de los documentos y grabaciones requisadas a Koldo García y en las cuales se desvelan las actuaciones que llevaban a cabo el propio Sr. García, el Sr. Ábalos y el hasta hace unos días número tres del PSOE, el Sr. Santos Cerdan. Unas pruebas que vendrían a demostrar que estos señores conformaban una banda que recibía comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública y lo que es aún más grave también se pone en evidencia una actuación como es el presunto cobro de dinero a empresas para financiar de forma irregular al PSOE.
Frente a toda esta situación y todas estas conductas presuntamente delictivas, llevadas a cabo por las personas más cercanas a Pedro Sánchez, el líder socialista que tanta decencia exigió a otros, ahora pretende que solo con salir delante de los medios de comunicación, poner cara compungida y decir que pide perdón, todo se arregla.
En este contexto, el nombre de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, doña María Jesús Montero, aparece con una relevancia central. Como número 2 del Ejecutivo, responsable del control del gasto público y una de las figuras de máxima confianza del presidente, su implicación política es total. Y su responsabilidad, directa también. Prueba de ello son los audios que aparecen en diversas investigaciones en las que presuntamente se da trato de favor a determinadas empresas, se reflejan implicaciones de su jefe de gabinete, se difunden y utilizan bulos, como campañas de desinformación interesada, y un largo etcétera de conductas poco deseables, poniendo al Ministerio de Hacienda y a sus instituciones a trabajar en su favor subjetivo, como en el caso de los informes del hermano del señor presidente del Gobierno, con lo que conlleva de descrédito.
Pero, más allá del contexto nacional generalizado de vergüenza y despropósito nunca visto, Andalucía ha sido, durante los últimos años, víctima de una política de agravios y castigos constantes desde el Ministerio de Hacienda. Bajo la dirección de doña María Jesús Montero, Andalucía ha sufrido un trato injusto, discriminatorio y claramente partidista, en comparación con otras comunidades autónomas afines al Gobierno central. Andalucía lleva años reclamando un sistema de financiación justo, que tenga en cuenta su peso poblacional y sus necesidades reales. Sin embargo, el Gobierno ha paralizado cualquier avance en la reforma del modelo, mientras otras comunidades han recibido compensaciones ad hoc o privilegios económicos, como los pactados con Cataluña o País Vasco.
Pese a que Andalucía ha dejado de recibir compensación transitoria por la infrafinanciación acumulada, Montero ha ignorado la propuesta del Gobierno andaluz de crear un fondo temporal que aliviara esta situación. Así mismo, Andalucía ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de cogobernanza, la opacidad en los criterios y el reparto desigual de los fondos. Comunidades afines al PSOE han sido premiadas sin transparencia ni explicación técnica. María Jesús Montero ha actuado en demasiadas ocasiones no como ministra del Estado, sino como dirigente política sectaria. Las decisiones presupuestarias, los repartos de fondos y las asignaciones estratégicas han respondido a criterios partidistas y no al interés general ni a la equidad entre territorios.
Lejos de rectificar, la vicepresidenta primera ha mantenido una actitud desafiante, negándose a comparecer para explicar su gestión y despreciando las demandas legítimas de los andaluces. Su posición como ministra no puede blindarla políticamente; al contrario, la sitúa como responsable directa del castigo sistemático a Andalucía desde el Gobierno central.
Este Pleno no puede permanecer en silencio ante esta situación. El respeto a las instituciones y el trato justo que merecen los ciudadanos exigen una respuesta firme. Las responsabilidades políticas no se eluden con el silencio ni con el cargo: se asumen, se explican y, si es necesario, se abandonan.
La ciudadanía andaluza no puede aceptar que, desde el Ministerio de Hacienda y otras estructuras del Gobierno de España, se tolere o ampare una estrategia de desgaste institucional hacia el Gobierno andaluz con fines estrictamente partidistas. Andalucía merece respeto y sus instituciones, protección, frente a cualquier injerencia o ataque por motivos políticos.
Por todo lo anterior, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Granada propone para su debate y aprobación, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERA. - Instar al Gobierno de España a que, de manera urgente, adopte las medidas necesarias para garantizar la colaboración activa con todas las instancias judiciales, parlamentarias y administrativas que investigan posibles irregularidades vinculadas a su gestión y le insta a que respete la independencia del poder judicial y a que se abstenga de realizar declaraciones o maniobras políticas que interfieran en causas abierta.
SEGUNDA. - Solicitar al Gobierno de España a que se abstenga de obstaculizar el derecho de acceso a la información pública y garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, particularmente en lo relativo a la transparencia en la gestión de los fondos públicos, la actuación de los altos cargos y las decisiones de especial relevancia institucional.
TERCERA. - Requerir al Gobierno de España a reforzar los sistemas internos de control, auditoría y prevención en el seno de la Administración General del Estado, en particular en los ámbitos con mayor exposición a riesgos de corrupción.
CUARTA.- Instar al Gobierno de España a que asegure la neutralidad de los organismos estatales, como la Fiscalía General del Estado o la Agencia Tributaria, en el tratamiento de los casos en los que se investigan conductas del propio Gobierno de España y su entorno, adoptando las medidas necesarias para que estos ejerzan su labor en defensa de la legalidad vigente y el Estado de derecho, desde la debida independencia, reforzando así la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas como contrapeso al abuso de poder.
QUINTA. - Exigir al Gobierno de España a que garantice expresamente la autonomía operativa de las unidades de investigación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, rechazando cualquier intento legislativo o reglamentario que subordine sus actuaciones a directrices políticas en detrimento del mandato judicial. Y trasladar a todas las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nuestro apoyo y admiración por su trabajo en defensa del Estado de Derecho.
SEXTA. - El Pleno de la Corporación Municipal muestra su rechazo a cualquier reforma del sistema judicial que suponga el debilitamiento de los principios de mérito y capacidad en el acceso y promoción de la carrera judicial, y exigir el fortalecimiento de los procedimientos de oposición y evaluación objetiva, e insta al Gobierno de España a que cese en sus intentos de promover reformas legales que atenten a la independencia y a la calidad del ejercicio de los órganos jurisdiccionales españoles.
SÉPTIMA.- De igual forma muestra su rechazo a las prácticas del Gobierno de España, y en especial las de la cartera ministerial de Hacienda, cuya titular, la señora Montero, viene realizando una gestión discrecional en el reparto arbitrario y el uso partidista de los recursos públicos, con el único fin de hacer que el Gobierno se perpetúe en el poder, en vez hacerlo en pro del interés general de todos los españoles y en cumplimiento de la legalidad en lo referido especialmente a la financiación territorial equitativa y justa de las distintas administraciones, tal y como consagra la Constitución.
OCTAVA.- Este Ayuntamiento Pleno muestra su rechazo a la degradación institucional del actual Gobierno de España y, así mismo, a los intentos de utilización del aparato del Estado con fines partidistas o como herramienta de persecución política, en especial a las prácticas de espionaje, seguimiento o recopilación de información no autorizada sobre el presidente de la Junta de Andalucía y miembros del Consejo Gobierno, llevadas a cabo por personas vinculadas al Partido Socialista que han tenido cargos de responsabilidad pública, y le insta a que depure las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes.
NOVENA.- Al mismo tiempo el Pleno muestra su expreso rechazo a la conducta irresponsable y tendenciosa llevada a cabo por miembros del Gobierno de España, y en especial por la vicepresidenta primera, la señora Montero, por la que se hacen eco de manifestaciones que expresan graves acusaciones frente a personas e instituciones inocentes, propagando así infundios y mentiras, sin retractarse después y pedir disculpas por las mismas, aun a sabiendas y siendo de público dominio que son bulos y falsedades.
DECIMA. - El Pleno de este Ayuntamiento considera necesario, y así lo expresa, que el presidente del Gobierno de España proceda a la disolución inmediata de las Cortes Generales y a la convocatoria de elecciones generales, por pérdida de legitimidad institucional, degradación del marco democrático y ruptura de la confianza ciudadana en el Poder Ejecutivo y en los representantes que lo sustentan.”
Abierto el debate, se producen las siguientes intervenciones:
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Tras ello, se somete la moción a votación obteniéndose el siguiente resultado:
- 17 votos a favor emitidos por los 15 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: Dña. María Francisca Carazo Villalonga, D. Jorge Saavedra Requena, Dña. Ana Isabel Agudo Martínez, D. Enrique Manuel Catalina Carmona, D. Vito Rafael Episcopo Solís, Dña. María Rosario Pallares Rodríguez, D. Juan Ramón Ferreira Siles, D. Jorge Iglesias Puerta, Dña. Amparo Arrabal Martín, Dña. Ana Belén Sánchez Requena, D. Francisco José Almohalla Noguerol, Dña. Encarnación González Fernández, Dña. Carolina Amate Villanueva, D. Fernando Parra Moreno y Dña. Elisa Campoy Soler; y las 2 Concejalas del Grupo Municipal VOX, Sras.: Dña. Beatriz Sánchez Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego.
- 10 votos en contra emitidos por los Concejales/Concejalas del Grupo Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana María Muñoz Arquelladas, D. Jacobo Calvo Ramos, Dña. María Raquel Ruz Peis, D. Eduardo José Castillo Jiménez, Dña. María Eva Fernández Romero, Dña. María de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero, Dña. Nuria Gutiérrez Medina y D. Juan José Ibáñez Martínez;
En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno, acuerda por mayoría (17 votos a favor y 10 votos en contra) aprobar la Moción del Grupo Municipal Popular de rechazo a la corrupción y difusión de bulos por parte del Gobierno de España y su entorno y sus ataques al Estado de Derecho, cuyo texto ha sido reproducido de forma íntegra al comienzo del presente acuerdo.
