Moción:
Se presenta a Pleno Moción Conjunta de los Grupos Municipales Socialista, IUAS-GPG y “Vamos, Granada” de apoyo a las propuestas presentadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Para exponer la Moción que se transcribe a continuación, interviene Dª Jemima Sánchez Iborra, Concejala Delegada de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad:
“Exposición de motivos
La actual crisis económica y el aumento del paro ha impactado de manera dramática en la vida de miles de personas, que a causa de las dificultades económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a que muchas familias no puedan hacer frente a las cuotas hipotecarias o de alquiler de su vivienda habitual.
Esto se ha traducido en miles de desahucios en todo el estado español y en que centenares de personas han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna, teniendo que afrontar situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema, pobreza y exclusión social, económica y residencial.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial desde 2007 hasta el primer trimestre del 2015 se han producido en el Estado Español 624.690 ejecuciones hipotecarias, 8.178 en el primer trimestre del 2015. A estas alarmantes cifras se han de sumar el aumento de las dificultades para afrontar el pago del alquiler, que cada vez afecta a más personas. El CGPJ ha contabilizado la preocupante cifra de 397.954 desahucios desde el inicio de la crisis en el 2007 hasta el primer trimestre del 2015, solo en el primer trimestre del 2015 se han ejecutado 9.917 desahucios.
Estamos ante una situación de emergencia y vulnerabilidad habitacional que se incrementa por la existencia de un mercado de alquiler escaso, caro y preocupantemente especulativo y por la falta de un parque público de vivienda social, menos de un 2% de la vivienda construida. Todo ello constituye una auténtica anomalía en el contexto europeo. Además, como denuncia el informe "Emergencia Habitacional en el estado español", elaborado por el Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, esta situación se empeora aún más por el hecho que España es el país de Europa con mas vivienda vacía, 13,7% del parque total (3 millones y medio de pisos vacíos según el censo estatal de vivienda de 2011).
El contexto descrito de vulnerabilidad y emergencia en que se encuentra gran parte de la población se está traduciendo también en un significativo aumento de las ocupaciones de vivienda. Una forma de hacer efectivo el derecho a la vivienda que aumenta el grado de vulnerabilidad social de quien se ha visto empujado a esta forma de acceso a una vivienda.
También resulta alarmante el creciente número de personas afectadas por la pobreza energética, entendida como la dificultad para poder pagar las facturas de los suministros básicos de electricidad, agua y luz. Los precios de acceso y consumo de estos suministros, que han crecido de forma exponencial, se han vuelto inasequibles para gran parte de la ciudadanía.
Esta situación de emergencia social que sufren las personas en situación de vulnerabilidad contrasta de forma abrumadora con los ingentes beneficios obtenido por las entidades financieras y las empresas suministradoras.
II
La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en artículo 11, reconoce "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho...".
En el marco jurídico nacional, el artículo 47 CE proclama del derecho a una vivienda digna y adecuada así como el deber de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, y el artículo 33 declara la función social de la vivienda.
El artículo 267 Tratado de la Unión Europea declara la primacía del Derecho Comunitario (STJUE 9/3/1978, Asunto 106/ 77 caso Simmenthal) que desplaza al Derecho nacional (art. 93 CE, cesión competencias en relación al art. 96 CE, los tratados internacionales celebrados formarán parte del ordenamiento interno).
En relación a lo anteriormente expuesto y concretando en el ámbito que nos ocupa, la regulación del procedimiento de ejecución hipotecaria en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil infringe la normativa comunitaria. Esta legislación es, por tanto, ilegal al ser de obligado cumplimiento por el juez nacional, adoleciendo de un vicio radical que determina su nulidad de pleno derecho. En este sentido se ha manifestado reiteradamente diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Caso Aziz, caso Sánchez Morcillo y caso Monika Kusionova).
En Catalunya se presentó, en mes de julio del 2014, una Iniciativa Legislativa Popular (1LP) promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio Desc, recogiendo así un clamor de la ciudadanía preocupada por la alarmante situación de emergencia habitacional.
Esta ILP es hoy una realidad. El pasado 29 de julio de 2015, el Parlament de Catalunya aprobó la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Esta victoria en el ámbito autonómico nos demuestra que hacer efectivo el derecho a la vivienda es una cuestión meramente de voluntad política.
En ocasión de las próximas elecciones generales, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha hecho pública una serie de medidas de mínimos que considera necesario e imprescindible incluir en una futura Ley reguladora del Derecho a la Vivienda. Estas medidas implican reformas profundas y valientes pero a la vez factibles, ya que en su mayoría están recogidas en la anteriormente citada Ley 24/2015.
La situación anteriormente relatada aconseja la redacción de la presente moción.
Por todo ello, los grupos municipales del Ayuntamiento de Granada, proponen al pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA DA APOYO A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA Y CONSIDERA NECESARIO INCLUIR LAS SIGUIENTES MEDIDAS en una Ley reguladora del Derecho de la Vivienda Y también adoptara medidas municipales para intervenir en los desahucios y la pobreza energética:
Exigencias al gobierno central:
1. Medidas de segunda oportunidad
• Dación en pago retroactiva y condonación de la deuda (modificación de la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil).
• Eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin previa petición del titular de las cláusulas declaradas abusivas por las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
• No se podrá ejecutar la primera y única vivienda tanto de los titulares como de los avaladores para exigir su responsabilidad, en orden a considerar la vivienda habitual como un bien inembargable.
• Eliminación de todos los requisitos restrictivos para acceder a la moratoria de desahucios y al código guindos, salvo vivienda habitual, deudor/a de buena fe y carencia de recursos
2. Alquiler digno
• La regulación del alquiler en favor de la parte más débil de los contratos de arrendamiento: los inquilinos. Introduciendo mecanismos de seguridad en la tenencia, estabilidad en la renta y alargando el plazo mínimo de duración del alquiler, como mínimo hasta los 5 años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler si así lo manifiesta, que será obligada cuando el arrendador sea un banco o gran propietario de viviendas.
3. Vivienda garantizada
• Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las personas deudoras de buena fe, y sus unidades familiares, que habiendo cedido su vivienda única y habitual en dación en pago no dispongan de alternativa habitacional.
• Los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias), garantizarán un alquiler social para las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de su vivienda y no dispongan de alternativa habitacional.
• Las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago del alquiler de viviendas obtendrán ayudas que les garanticen evitar el desahucio.
• En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.
• En el caso que se lleve a cabo el alquiler social en una vivienda diferente a la que reside la familia o persona en situación de vulnerabilidad, éste realojo se producirá en la zona donde éstas tengan sus redes vitales y sociales.
• Creación de un parque público de vivienda a través de la movilización de pisos vacíos en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias). La administración regulará mediante ley los mecanismos que posibiliten esta movilización.
• En todas estas medidas el precio a pagar en concepto de alquiler social no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos gastos de suministros, de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas, siempre y cuando los ingresos familiares superen el salario mínimo profesional 648,60€; en caso contrario el precio a pagar en concepto de alquiler será del 10% de los ingresos y los suministros correrán a cargo de las empresas suministradoras (punto siguiente).
4. Suministros básicos
• Impedir los cortes de suministro básicos de agua, luz y gas de las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad.
• El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación se hará de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar, siempre respetando los estándares de Naciones Unidas.
• Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos por las empresas suministradoras.
Medidas a adoptar por el ayuntamiento de Granada:
1. El ayuntamiento trabajará para movilizar las viviendas del parque público cambiando su situación administrativa de venta a alquiler para ponerlas a disposición de familias al borde del desahucio o ya desahuciadas ofreciendo una alternativa habitacional para todas las familias. También exigirá a los bancos del municipio hacer cumplir la ley para que pongan a disposición el parque social de vivienda que deben de tener, exigiendo un listado para poder ofertarías a los demandantes de vivienda con problemas de desahucio o sin alternativa habitacional.
2. Exención en el impuesto municipal de plusvalía para las personas afectadas por desahucios que sufran la pérdida de su vivienda habitual en subasta y para aquellas que logren la dación en pago de vivienda en las ejecuciones hipotecarias. Evitar que las familias desahuciadas sigan recibiendo los cargos correspondientes al impuesto de Bienes Inmuebles.
3. El ayuntamiento considerara que los suministros de agua y de energía eléctrica son bienes básicos que deben ser garantizados para todas las familias, por lo que se garantizará que todas las familias en riesgo de exclusión social dispongan de los suministros indicados con anterioridad. Exigirá a la empresa suministradora de agua de Granada Emasagra, que no podrá cortar el suministro sin antes un informe de los servicios sociales municipales.
4. El ayuntamiento revisará los protocolos de actuación de sus servicios sociales en casos de desahucio y solicitará al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.
5. El ayuntamiento se dirigirá a las entidades financieras para pedirles la paralización de los desahucios de familias en riesgo de exclusión social y el cumplimiento de los criterios de la jurisprudencia europea en materia de deuda tributaria. En caso de no obtener respuesta satisfactoria, se estudiará la aplicación de medidas adecuadas para conseguir los efectos pretendidos, entre los que destaca, el no operar financieramente con dichas entidades bancarias.
6. El ayuntamiento elaborará un censo de viviendas vacías propiedad de bancos o entidades financieras con el fin de ser utilizadas para realojar a familias que no disponen de viviendas. Se estudiará la imposición de un gravamen más alto al IBI de dichas viviendas en tanto en cuanto no sean puestas a disposición del programa municipal de alquiler social.
7. Creación de un observatorio de la vivienda. Este observatorio estaría compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil. Este observatorio será el encargado de investigar y analizar la situación de la vivienda en España. Entre sus funciones estarían hacer censos periódicos de viviendas vacías, hacer seguimiento de las políticas públicas, elaborar de informes; contaría con capacidades no sólo consultivas sino también control, seguimiento, denuncia, ejecutivas y de propuesta legislativa.”
Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:
Comienza el turno de intervenciones de las distintas y distintos Portavoces de la Oposición, correspondiendo en primer lugar intervenir al Sr. Portavoz del Grupo Municipal de IUAS-GPG, D. Francisco Puentedura Anllo, quien manifiesta que le hubiese gustado que la moción se hubiese firmado por todos los Grupos Municipales del Ayuntamiento. Defiende que esta Moción debería generar el máximo consenso a la hora de proteger a las personas y al movimiento que lucha contra los desahucios y por una vivienda digna. En este sentido, anuncia el apoyo de su grupo a la moción y ruega al resto de Grupos Municipales que, aunque no la hayan firmado, la apoyen, propiciando así, que se alcance un acuerdo unánime de la ciudad de Granada. Reclama que los compromisos que se adquieren en la moción, especialmente los que afectan al propio Ayuntamiento, se conviertan en hechos, sin que ello implique que se puedan aprobar nuevas mociones cuyos acuerdos sean complementarios. Finaliza pidiendo que se avance en el compromiso del Ayuntamiento en la defensa de una vivienda digna y en la lucha contra los desahucios.
Por parte del Grupo Municipal de “Vamos, Granada”, su Portavoz, Dña. Marta Gutiérrez Blasco, también afirma que le gustaría el consenso de todos los Grupos Municipales, resaltando la necesidad de avanzar hacía ahí. Recuerda como ya han planteado antes y como también lo ha hecho el Defensor del Ciudadano, que las entidades financieras que tienen viviendas o disponen de esas hipotecas puedan volver a cumplir su función social y también la necesidad de priorizar las soluciones en las que no se sale de la vivienda por todo lo que ello supone a nivel humano y económico, además de movilizar muchísimos más recursos.
En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), su Concejal, D. Raúl Fernández Asensio manifiesta su apoyo a la moción, porque en el fondo, están de acuerdo con la mayoría de las propuestas y aunque duden de la legalidad de alguno de los puntos, si están de acuerdo en lo básico. Se muestra extrañado por las manifestaciones del Sr. Puentedura, afirmando que a su grupo no se le ha pedido que la apoyen conjuntamente, no teniendo conocimiento de ello. Insiste en que están de acuerdo con la moción, recordando algunas de las medidas sobre este tema que se recogen en el programa electoral de su partido como Plan de Choque Social, el reconocimiento del derecho de las personas afectadas en desahucios, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que no se puedan embargar entre otras cosas: prestaciones sociales, renta activa, y la vivienda habitual. Finaliza reiterando su apoyo a la moción.
A continuación, el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Fernando Arcadio Egea Fernández-Montesinos anuncia su voto en contra de la moción. Mantiene que la exposición de motivos contiene muchas incongruencias y piensa que si se ponen en marcha esas medidas supondrían un menoscabo. Así explica que no se hace ninguna exigencia a la administración competente, la Junta de Andalucía, solo al Ayuntamiento y al Estado. Manifiesta que en la moción se plantean una serie de exigencias, que en su opinión, deberían de estar apoyadas por la Junta de Andalucía como administración competente de forma que sea quien garantice que haya una vivienda y un techo digno para las familias que peor lo están pasando. Afirma que las medidas que se recogen en la moción van a dar lugar a que muchas personas que estaban disfrutando de vivienda dejen de hacerlo. También dará lugar a una ocupación ilegal de viviendas, no del que más lo necesite, sino del primero que llegue y nadie querrá alquilar su piso o dar préstamos hipotecarios.
Insiste en que es la Junta de Andalucía quien debe garantizar el derecho a la vivienda, criticando que como administración competente, no haya aumentado su parque público de viviendas en la última década, ni que tampoco haya ayudas al alquiler. Defiende la labor en esta materia que se ha hecho desde el Ayuntamiento, sin ser competente, como por ejemplo el abono, el año pasado, de 240.000 € en ayudas sociales para ayudar a familias en su alquiler e hipoteca; la puesta en marcha de un convenio con el Decanato de los Juzgados para adelantarse a los desahucios, el cual ha sido ejemplo en toda Andalucía; o como ha dicho antes el Defensor del Ciudadano, un convenio con el Colegio de Abogados para orientar y atender a muchas familias que han podido evitar el desahucio frente a los abusos que pueda haber de entidades financieras. Reclama la puesta en marcha de la atención a familias sin recursos o la creación de una Oficina Social de la Vivienda, como se ha hecho en este Ayuntamiento a diferencia de otros muchos ayuntamientos andaluces que no cuentan con este servicio.
Para terminar reitera que la moción contiene un cúmulo de incongruencias, disparates e ilegalidades, como por ejemplo en el punto 7, que lee, y en el que se pide la creación de un observatorio con competencias en toda España, para hacer un inventario de viviendas en todo el país y con capacidad ejecutiva en todo el territorio. Concluye manifestando que por todas estas incongruencias y perjuicios para que muchos ciudadanos puedan tener una vivienda, su Grupo va a votar en contra.
Para cerrar el debate, la Sra. Sánchez Iborra mantiene que se trata de sumar, consensuar y de escuchar a todas las organizaciones y entidades que trabajan en esta materia y que se preocupan y trabajan en estas cuestiones. Defiende que eso es lo que está haciendo este Equipo de Gobierno y lo que apoyan el resto de Grupos Municipales, insistiendo en que se han traído una serie de medidas lógicas, la mayor parte de ellas coincidentes con el trabajo que están llevando a cabo en el ultimo mes y medio de gobierno y que por ello deben de apoyarlo. Critica al Grupo Municipal Popular por no sumarse al apoyo a la moción y porque en sus trece años de gobierno han tenido tiempo para elaborar convenios con las empresas de suministros básicos y no lo han hecho, resaltando que en este mes se está cerrando un convenio con EMASAGRA y que la semana que viene se sentará con ENDESA para garantizar los suministros básicos a las familias en riesgo de exclusión social. Pide que no planteen excusas y apoyen esta moción, que viene de la calle, de las personas que están reivindicando y trabajando con los colectivos más vulnerables.
Finaliza reiterando su petición de apoyo y que entre todas estas entidades, organizaciones, Grupos Políticos Municipales sumen para dar respuesta a una situación de emergencia gravísima que se está viviendo en la ciudad de Granada.
Finalizado el debate de la Moción se procede a la votación de la misma, obteniéndose el siguiente resultado:
- 16 votos a favor emitidos por los 8 Corporativos del Grupo Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana María Muñoz Arquelladas, D. Baldomero Oliver León, Dña. María Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, Dña. Jemima Sánchez Iborra, D. Eduardo José Castillo Jiménez y Dña. María de Leyva Campaña, los 4 Corporativos del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), Sres./Sras.: D. Luis Miguel Salvador García, D. Manuel José Olivares Huertas, Dña. Lorena Rodríguez Torres y D. Raúl Fernando Fernández Asensio, los 3 Corporativos del Grupo Municipal “Vamos, Granada”, Sres./Sras.: Dña. Marta Gutiérrez Blasco, D. Luis de Haro-Rossi Giménez y Dña. María del Pilar Rivas Navarro y el Corporativo del Grupo Municipal de Izquierda Unida Alternativa Socialista, Granada Para la Gente, Sr. D. Francisco Puentedura Anllo.
- 10 votos en contra emitidos por los Corporativos presentes del Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D. Fernando Arcadio Egea Fernández-Montesinos, Dña. María Rocío Díaz Jiménez, D. Juan Manuel García Montero, D. Juan Antonio Fuentes Gálvez, D. Ruyman Francisco Ledesma Palomino, Dña. María Telesfora Ruiz Rodríguez, Dña. Raquel Fernández Cruz, D. Antonio Jesús Granados García, D. Rafael Francisco Caracuel Cáliz y Dª Inmaculada Puche López.
En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno acuerda por mayoría (16 votos a favor y 10 votos en contra) aprobar la Moción Conjunta de los Grupos Municipales Socialista, IUAS-GPG y "Vamos, Granada" de apoyo a las propuestas presentadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y cuyo texto ha sido transcrito íntegramente al comienzo del presente acuerdo.
