Ayto.Granada: Moción del Grupo Municipal Socialista relativa al refuerzo del sistema público de servicios sociales para la protección de las personas más vulnerables.

Grupos políticos:

Grupo Municipal Socialista

Fases:

Moción:

Se presenta a Pleno Moción del Grupo Municipal Socialista relativa al refuerzo del sistema público de servicios sociales para la protección de las personas más vulnerables, que pasa a exponer su Concejala, Dña. Nuria Gutiérrez Medina, y que literalmente dice:

Los derechos sociales y los servicios públicos no pueden verse mermados por la reducción del gasto público. La mayoría de la ciudadanía reclama más inversión en investigación, en sanidad, en educación, y también en derechos sociales. Sencillamente, se trata de una inversión que salva vidas y proyectos vitales. Esta es la respuesta que las Administraciones Públicas, también lo local, deben dar en estos momentos.

Los sistemas públicos sanitarios y de educación ya han sufrido el impacto de la crisis generada tras el COVID-19. El tercero de los sistemas que ya sufre de forma brutal el impacto de la misma, es el sistema de servicios sociales. Esta nueva necesidad social los enfrenta a un escenario de tensión, y en algunos momentos, algunos sectores podrán aprovecharlo para cuestionarlo, con intentos de privatización, y cambios de modelo.

El problema de la pobreza en Granada no es nuevo. Según los datos publicados el pasado mes de octubre en el Octavo Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía, la pobreza en nuestra ciudad crece como también lo hace la situación de vulnerabilidad en cientos de familias, algo que la crisis del COVID-19 ha empeorado. A la pobreza tenemos que encararla sin temor para hacer un diagnóstico preciso y poder incorporar un antídoto que perdure en el tiempo, en el que sin duda habrá que trabajar y dar respuestas a corto, medio y largo plazo.

A todo esto se suma que la Comisión Europea arroja previsiones muy negativas, y la OCDE estima que el PIB cae unos 2 puntos porcentuales por mes de confinamiento total, empujado por caídas de entre el 50% y el 100% para sectores como viajes, turismo, comercio, restauración, entretenimiento, compra de viviendas u otros ámbitos constructivos.

Que la crisis sanitaria del COVID-19 ya está teniendo un elevado impacto económico en los hogares más vulnerables es un hecho, familias monomarentales, con hijos e hijas a cargo, o personas solas que han perdido el empleo, vinculados al sector doméstico o en la economía informal, que ha expuesto mucho más a estas familias al desempleo y la pobreza. Y también, como ocurrió en la anterior crisis, ya están llegando personas que nunca antes fueron usuarias de los servicios sociales.

Ante esta situación, la respuesta ha sido rápida, por parte del gobierno central se determinó un primer reparto de 25 millones para asegurar las becas comedor y otros 300 millones para reforzar los servicios sociales. A éstas se ha unido un amplio escudo social, con medidas de garantía para pago alquiler, moratoria de hipotecas, prohibición de cortar los suministros básicos, subsidio por desempleo para trabajadores/as temporales, subsidio extraordinario para personas trabajadoras del hogar, etc.

También los municipios han reaccionado rápido, unos más que otros, para atender a las personas con menos recursos. Aunque la respuesta será mucho más completa cuando se apruebe el anunciado Ingreso Mínimo Vital por parte del gobierno de España.

En la Junta de Andalucía la respuesta social está siendo más lenta. El ejemplo más claro son las resoluciones, con listas de espera, para obtener la Renta mínima de Inclusión social, sin que tengamos datos ciertos de familias demandantes ni tiempos de respuesta. Tampoco se han reforzado los servicios sociales comunitarios y se ha suspendido el acceso al sistema de atención a la dependencia. El apoyo a las corporaciones locales sigue siendo escaso. También el silencio de algunos alcaldes al respecto, es más que clamoroso.

Las modificaciones del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, que regula la Renta Mínima de Inserción Social, a través del Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo y Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, incluyen cantidades de inversión que podrán atender sólo a 4.200 familias. Y esto sobre una población, la andaluza, de más de 8 millones de habitantes.

A lo largo de estos meses, en Granada se han producido situaciones que debemos lamentar. Un ejemplo es en el distrito Norte, con familias a las que los Servicios Sociales no podían atender al superarse las 300 plazas que el Ayuntamiento había estipulado para las familias de esos barrios, circunstancia que se ha extendido a Chana, Albaicín y Zaidín.

Los Servicios Sociales son esenciales para estos usuarios. Este grupo, al igual que ONGS y colectivos sociales, ha demandado la apertura inmediata de oficinas de atención de emergencia en cada uno de los distritos para que las familias que necesitaban acogerse a ayudas pudieran presentar la documentación requerida, siempre manteniendo el protocolo de actuación frente al COVID 19.

Los lotes del Plan de Alimentos que se reparten son totalmente insuficientes para cubrir las necesidades alimentarias más primarias y básicas. Hay que preservar la intimidad y dignidad de las familias y evitar incurrir en estrategias más cercanas a la beneficencia que al trabajo social, para ello nuestro grupo ha solicitado que se repartan unas tarjetas monedero conveniadas con algún supermercado o tienda de barrio supervisado a través de los Servicios Sociales municipales, como puerta única de entrada, de manera que la familias beneficiarias puedan adquirir utensilios de aseo, alimentos perecederos y no perecederos, etc.

En algunos momentos hemos detectado que el modelo de asistencia social que planea en el imaginario de este gobierno -también en el de la Junta- apuesta por un sistema que no garantiza la universalidad y la transparencia, así como impediría la gestión directa por parte de las administraciones públicas de las potestades administrativas. La propia Ley de Voluntariado de Andalucía, deja claro que las actividades de voluntariado tampoco podrá sustituir a las Administraciones públicas en el desarrollo de funciones o en la prestación de servicios públicos a los que están obligadas por ley.

Por otro lado, nuestra comunidad autónoma ya dispone de importantes recursos que aún no se han puesto en marcha, sin que se haya procedido a la convocatoria de subvenciones para 2020, a través de la Orden de 25 de abril de 2018, que incorpora entre otros el programa de Solidaridad y Garantía alimentaria, con actuaciones para la preparación y reparto de alimentos a personas con escasos recursos económicos y/o en riesgo o situación de exclusión social, servicio de suministro de comidas elaboradas a domicilio para las personas mayores de 65 años y actuaciones para la preparación y reparto de alimentos a personas menores de edad, preferentemente en zonas desfavorecidas, durante el período de vacaciones fuera del calendario escolar.

En conclusión, el impacto final de esta crisis dependerá de la rapidez y del acierto de las medidas adoptadas y las que se adopten en el futuro. Tenemos la urgente necesidad y el compromiso de continuar construyendo y reforzando el Estado social, por lo que ninguna renuncia es asumible en estos momentos, más bien lo contrario. Estamos en condiciones como sociedad de asumir todos y cada uno de los derechos y oportunidades para la ciudadanía de nuestro país y nuestra comunidad autónoma, a través del fortalecimiento del Sistema Público de Servicios Sociales, con el apoyo y la coordinación entre administraciones y dotándonos de instrumentos de control administrativo que permita el acceso a los derechos universales y subjetivos, a través de la transparencia y el acceso universal de los mismos, sin riesgos y sin sospechas de malas prácticas Sólo así se garantiza la sostenibilidad y la cohesión social.

Por todo ello, el portavoz del Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno de este Ayuntamiento esta moción para aprobar los siguientes

ACUERDOS

:

El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:

- Incrementar la financiación a la administración local a través de la creación de un Fondo Social -PATRICA Social- para que los municipios puedan atender con agilidad a las familias más vulnerables, cubriendo desde sus necesidades alimentarias, hasta los suministros básicos, a través de los servicios sociales comunitarios.

- Reformular el proyecto “Tarjeta monedero” a fin de garantizar la prescripción pública de los recursos, evitando duplicidades con recursos ya puestos en marcha a nivel municipal, garantizando el acceso universal y transparente de los recursos públicos, utilizando la puerta de entrada única de los servicios sociales a través de las vías que se consideren más rápidas y adecuadas, incorporando la garantía de los informes sociales del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, para la adecuada cobertura de las necesidades sociales, sin menoscabar los derechos, la dignidad y la privacidad de las personas.

- Reforzar el Sistema Público de Servicios Sociales como cuarto pilar del Estado del bienestar, a través de una distribución extraordinaria de créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, para la contratación de profesionales que trabajan en los Servicios Sociales Comunitarios (trabajo social, psicología, educación social y personal auxiliar).

- Garantizar el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales y el derecho de acceso universal al conjunto de servicios y prestaciones, a través de los y las profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, atendiendo las situaciones de urgencia y emergencia social a través de los servicios sociales comunitarios y organismos competentes de la Junta de Andalucía.

- Reactivar el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, que regula la Renta Mínima de Inserción Social, mediante la resolución de los expedientes en lista de espera, a través del refuerzo de personal funcionario dependiente de las delegaciones provinciales de la consejería competente en materia de servicios sociales.

- Reactivar la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), dictando resolución con carácter inmediato, de la línea dirigida a entidades del tercer sector que posibiliten la convivencia positiva y la inserción social en estas zonas tan vulnerables.

- Proceder a la inmediata publicación de la convocatoria de subvenciones para 2020 regulada a través de la Orden de 25 de abril de 2018, en todas sus líneas, destinadas a entidades públicas y privadas, mediante la tramitación de urgencia, ya que existen importantes razones de interés público que aconsejan acordar la aplicación de dicho procedimiento.

- Adoptar las normas jurídicas que permitan aplicar el silencio administrativo positivo a todos los procedimientos que afectan a las personas en lista de espera de cualquier prestación (dependencia, rentas mínimas, PNC, ayuda a domicilio...).

- Promover el complemento de las acciones del tercer sector, desde la directriz de la administración pública, sobre los derechos de ciudadanía que garantiza el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

- Convocar, con carácter urgente, la Comisión de Coordinación y Colaboración de los Servicios Sociales y profundizar en la colaboración y la interlocución con las Administraciones locales, para que cuantas iniciativas se pongan en marcha cuenten con el consenso, conocimiento y apoyo suficiente, permitiendo su gestión rápida y eficaz y el seguimiento y control adecuado de los recursos públicos.

acuerda

aprobar

Incidencias:

Seguimiento de Mociones

Moción del Grupo Municipal Socialista relativa al refuerzo del sistema público de servicios sociales para la protección de las personas más vulnerables.