Seguimiento de Mociones
Moción del Grupo Municipal Popular para revertir las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejerzan hospedaje, agencias de viajes, camping o alquiler de vehículos de motor
Fecha del Pleno:
20/12/2024
Número de acuerdo:
425/2024
Grupos políticos:
- Grupo Municipal Partido Popular
Moción:
La siguiente moción del Grupo Municipal Popular para revertir las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejerzan hospedaje, agencias de viajes, camping o alquiler de vehículos de motor, es presentada por el Tte. de Alcalde Delegado de Cultura y Turismo, D. Juan Ramón Ferreira Siles, y cuenta con el siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
España recibió el pasado año 2023 más de 85 millones de turistas internacionales, lo cual representó un 18,7% más sobre el ejercicio turístico de 2022 y un 1,9% por encima del año prepandemia 2019. Según las últimas cifras publicadas por parte del INE, en los 10 primeros meses de 2024 el número de turistas que visitaron España aumentó un 10,8%, rozando los 82,9 millones de visitantes extranjeros, previéndose para el conjunto del año 2024 una cifra final de llegadas de alrededor de 95 millones de visitantes extranjeros hacia nuestro país. Al propio tiempo, durante los 10 primeros meses de 2024, el gasto total de los turistas internacionales aumentó un 16,8% sobre 2023 y alcanzó los 110.984 millones de euros y las últimas estimaciones calculan una facturación superior a los 200.000 millones de euros para el cierre del año turístico 2024, que podría elevar la aportación de la actividad turística al PIB español en más de un 13% directo más el 8% indirecto, verdadero hito en la serie histórica en el supuesto de confirmarse tales previsiones.
De otro lado, el sector turístico en nuestro país da empleo a alrededor de 3 millones de personas sólo en puestos de trabajo directos vinculados a las diferentes ramas turísticas. A partir de datos publicados por Turespaña, el empleo turístico del tercer trimestre de 2024 superó por primera vez los 3 millones de ocupados en el sector (exactamente 3.019.064), lo que ha supuesto un 2,3% respecto al mismo periodo de 2023.
En este escenario y partiendo de los indicadores anteriores, no cabe la menor duda de que una vez dejados atrás los efectos de la pandemia, España ha vuelto a confirmarse como una superpotencia turística mundial, el segundo país más visitado de todo el mundo, por detrás de Francia (100 millones). En este sentido, para el año 2040 los analistas anticipan que España sería el país receptor con mayor número de turistas del mundo con 110 millones de visitas, superando a Francia (105 millones) y por delante también de Estados Unidos (100 millones).
En medio de esta coyuntura y sobre la base de la destacada e insustituible participación e importancia de la actividad turística dentro del modelo productivo español y del mercado laboral, ante los serios riesgos de poner en peligro la favorable evolución del turismo hay que señalar que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado miércoles 23 de octubre en su práctica totalidad una Proposición no de Ley a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, recabando igualmente el apoyo de otras formaciones políticas, relativa a la revisión y readecuación de la normativa derivada del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje, camping, agencias de viaje y alquiler de vehículos a motor, mediante un proceso de diálogo y consenso previo con el sector turístico español, instando entre otras medidas al Gobierno presidido por Pedro Sánchez a prolongar la suspensión de la aplicación del mencionado Real Decreto, hasta tanto en cuanto se articulase algún mecanismo con los operadores afectados que sirviese para redefinir y consensuar el alcance de las obligaciones impuestas unilateralmente a los empresarios turísticos por parte del Ejecutivo central socialista.
Esta Moción fue ratificada por el Senado en el Pleno celebrado el pasado 20 de noviembre, aprobaba también a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, instando al Gobierno a prolongar la suspensión de la aplicación de este Real Decreto para elaborar un nuevo desarrollo normativo consensuado con los actores afectados por el mismo, y a la adopción de diversas medidas para mejorar la capacidad competitiva del sector turístico.
A pesar del rechazo tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha ignorado por completo ambos pronunciamientos, descartando ni siquiera considerar un nuevo periodo de prórroga para la entrada en vigor de esta compleja e inasumible normativa (incluyendo la recopilación y el reporte de información de más de 30 datos para reservas de alojamiento y alrededor de 60 para las correspondientes a alquiler de vehículos), que lastra de lleno la operativa diaria de miles y miles de pequeñas empresas de la cadena de valor turística, poniendo en riesgo con ello el funcionamiento de los flujos turísticos, a la par que generando serios interrogantes de índole jurídica en materia de protección de derechos y privacidad de turistas y usuarios, tanto de carácter doméstico como internacionales.
Cabe recordar a este respecto que por última vez el pasado viernes 4 de octubre el Ministerio del Interior que dirige su titular Fernando Grande-Marlaska sostenía una reunión de trabajo improductiva con representantes de los sujetos obligados, resultado de la misma no se lograron avances ni arrancaron compromisos desde el Gobierno a la hora de clarificar por fin las condiciones de aplicación de una normativa que desde su misma aprobación en el año 2021 lleva suscitando controversia social, unido a un enorme malestar entre los gremios profesionales afectados que no han dejado de expresar a lo largo de todo este periodo su profunda inquietud y preocupación, considerando para empezar la imposibilidad operativa en términos de su implantación práctica y contando desde un inicio con el imprescindible apoyo y soporte de organizaciones tan representativas como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEDE) o la Mesa del Turismo.
A este respecto, hay que traer a colación aquí que el primer día de aplicación obligatoria de la nueva normativa el pasado 2 de diciembre, tal como venían advirtiendo desde hace tiempo nuestros profesionales turísticos de los diferentes subsectores, la plataforma digital SES.Hospedajes habilitada por parte del Ministerio del Interior continuaba presentando múltiples deficiencias técnicas sin subsanar, entorpeciendo aún más la realidad operativa diaria de los negocios turísticos de nuestros destinos y acrecentando por tanto la incertidumbre empresarial.
En este punto, convendría dejar constancia de la posición mantenida por los máximos responsables de la Política Turística del Estado con el Ministro Jordi Hereu y la Secretaria de Estado de Turismo a la cabeza, que no han sabido hacer prevalecer o directamente se han desentendido de una problemática de enorme calado y repercusiones sobre los intereses de la segunda potencia turística mundial, que a partir de ahora se sitúa en clara desventaja competitiva frente a otras potencias receptoras de turistas y lastrando por consiguiente la cuenta de resultados de un tejido productivo turístico de muy reducida estructura y medios.
Así las cosas y a partir de la fecha señalada anteriormente, de manera unánime tanto la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), como la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), ACAVE (Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas), UNAV (Unión Empresarial de Agencias de Viajes) y FETAVE (Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas) o igualmente la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (FENEVAL) han continuado alertando y haciendo llamamientos a la opinión pública, constatados sus intentos infructuosos a la hora de atraer un mínimo nivel de compresión o racionalidad por parte del Gobierno de España, que con el máximo responsable de Interior al frente, Grande-Marlaska ha persistido en su firme propósito de no atender ni estudiar mínimamente los reiterados planteamientos de un sector turístico que le ha venido demandando activar una nueva moratoria que resultase provechosa para clarificar un nuevo escenario de trabajo imposible de asumir desde el punto de vista operativo, ya sin entrar a valorar los riesgos en materia de incumplimientos de normativas comunitarias que genera la aplicación del Real Decreto 933/2021, tal como se encuentra configurado a día de hoy.
Por última vez, el pasado 26 de noviembre la patronal hotelera emitía un último comunicado anunciando la interposición de acciones legales ante la entrada en vigor del Real Decreto sobre el nuevo Registro de Viajeros y la falta de respuestas del Gobierno, motivado por el impacto negativo que esta normativa supondrá para el sector hotelero y los propios viajeros, sin dejar de denunciar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ignorado totalmente todas la peticiones de diálogo y aclaración, tanto de CEHAT como de diversas asociaciones turísticas internacionales (HOTREC, ECTAA, etc.), las cuales han respaldado desde un inicio en sus reivindicaciones a las organizaciones sectoriales españolas por entender que ‘esta regulación no tiene precedentes en otros países de la Unión Europea’, dirigiéndose por escrito al Ejecutivo español de manera reiterada sin obtener respuestas. De hecho, con motivo de la entrada en vigor de la normativa, las reacciones de diversos medios de comunicación internacionales de nuestro primer mercado emisor de turistas y de gasto (18,3% del total) con un desembolso acumulado superior a los 20.300 millones de euros en los diez primeros meses de 2024, -Reino Unido-, no se han hecho esperar haciéndose eco, despertando un enorme rechazo y llamando incluso a su obstrucción, dañando como resultado la imagen y percepción de la marca turística España.
También la patronal de alquiler de vehículos FENEVAL, en el marco de su convención anual celebrada a finales de octubre pasado confirmaba la imposibilidad de la mayoría de pymes para hacer frente a la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, ‘al no encontrarse lo suficientemente desarrolladas a nivel administrativo y tecnológico para cumplir con las exigencias’ y calificando asimismo de ‘dispendio económico’ la inversión tecnológica y económica que este proceso requería.
Del mismo modo, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha dado a conocer el pasado 2 de diciembre una carta abierta enviada a los Ministros de Interior e Industria y Turismo respectivamente, coincidiendo con la fecha de entrada en vigor del Real Decreto de referencia, en la cual plantean que "El fin del periodo transitorio para la aplicación de lo dispuesto en el RD 933/2021 enfrenta al sector de las agencias de viajes a una situación nunca antes vívida; ha quedado demostrado, por parte del Gobierno del que forman parte, un flagrante desconocimiento y un manifiesto desinterés por paliarlo", dejando asimismo constancia en la misiva del "grave perjuicio que la obligación va a suponer para un sector, el de las agencias de viajes y operadores turísticos, compuesto en su mayoría por pymes y micropymes, muchas tle ellas sin capacidad de adaptación tecnológica y que tampoco pueden asumir el alto coste operativo y administrativo que tendría el cumplimiento de la norma".
En términos parecidos, FETAVE, ACAVe y UNAV han continuado denunciando a lo largo de este último mes "la falta de respuesta del Gobierno de Sánchez que desoye el mandato de la mayoría del Congreso de los Diputados", y manifiestan que "la puesta en marcha del Real Decreto en cuestión supondrá una vulneración de la protección de datos personales y que la Orden Ministerial pendiente no lo corregirá."
En este punto, cabe recordar aquí que el artículo 25 relativo a las obligaciones de registro documental de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, de la cual emana este Real Decreto, no menciona ni a las agencias de viajes ni a los operadores turísticos como posibles sujetos obligados a la comunicación y registro de datos en favor de la seguridad ciudadana. También las organizaciones representativas sectoriales de las agencias de viajes han dado a conocer públicamente a lo largo de las últimas fechas su predisposición a emprender acciones legales, tras haber elevado ya este asunto tanto al estudio de la Comisión Europea donde se halla un expediente abierto, como a la Agencia Española de Protección de Datos, que aún no se han pronunciado.
Por todo ello, dado en primer lugar el profundo desconocimiento del funcionamiento de la actividad turística por parte de los autores responsables del contenido y alcance del Real Decreto 933/2021, así como añadido a lo anterior, la falta de atención, flexibilidad y racionalidad demostradas por el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez para con el primer sector productivo contribuyente al PIB español, considerando además los graves riesgos en que se podría estar incurriendo en materia de colisión con normativas de protección de datos personales de carácter extremadamente sensible, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Granada presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- La Corporación del Ayuntamiento de Granada insta al Gobierno de España a la adopción de las siguientes medidas:
1. Derogar el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje, alquiler de vehículos a motor, agencias de viaje, habida cuenta del impacto extremadamente negativo que su implementación ocasiona a la realidad operativa y funcional de las empresas turísticas, así como en materia de afectación a los derechos fundamentales de viajeros y consumidores nacionales e internacionales relacionados con la vulneración de normativas nacionales y europeas de protección de datos y privacidad, procediendo urgentemente a establecer un canal de interlocución fluido y constructivo con nuestros operadores hoteleros, de agencias de viajes y de alquiler de vehículos afectados.
2. Tras alcanzar una solución consensuada y satisfactoria con los operadores afectados, dictar las normas precisas de desarrollo sobre las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje, alquiler de vehículos a motor, agencias de viaje, facilitando en todo caso la aplicación de un marco proporcionado y equilibrado de obligaciones, al propio tiempo que aportando plenas garantías de seguridad jurídica a todos los actores de la cadena de valor turística obligados a su cumplimiento.
3. Descartar absolutamente en lo sucesivo cualquier medida o acción gubernamental lesiva, generadora de duplicidades o de carácter ineficiente o también de inviable aplicación como en el presente caso, que pueda dañar la actividad turística y atentar contra la intimidad y seguridad de turistas y clientes, traduciéndose a continuación en la práctica en una pérdida de las cotas de competitividad turística mundial de nuestros destinos, así como desembocando en una situación de indefensión para operadores turísticos, viajeros internacionales y consumidores domésticos.
SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos a Presidencia del Gobierno, al Ministerio de Interior, al Ministerio de Industria y Turismo y al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a los Portavoces parlamentarios del Parlamento de Andalucía, así como a la presidencia de la FEMP.”
Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:
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Finalizado el debate se procede a la votación de la moción, obteniéndose el siguiente resultado:
- 17 votos a favor emitidos por 15 los Concejales/Concejalas del Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: Dña. María Francisca Carazo Villalonga, D. Jorge Saavedra Requena, Dña. Ana Isabel Agudo Martínez, D. Enrique Manuel Catalina Carmona, D. Vito Rafael Episcopo Solís, Dña. María Rosario Pallares Rodríguez, D. Juan Ramón Ferreira Siles, D. Jorge Iglesias Puerta, Dña. Amparo Arrabal Martín, Dña. Ana Belén Sánchez Requena, D. Francisco José Almohalla Noguerol, Dña. Encarnación González Fernández, Dña. Carolina Amate Villanueva, D. Fernando Parra Moreno y Dña. Elisa Campoy Soler; y las 2 Concejalas del Grupo Municipal VOX, Sras.: Dña. Beatriz Sánchez Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego.
- 7 votos en contra emitidos por los Concejales/Concejalas presentes del Grupo Municipal Socialista, Sres./Sras.:D. Jacobo Calvo Ramos, Dña. María Raquel Ruz Peis, D. Eduardo José Castillo Jiménez, Dña. María Eva Fernández Romero, Dña. María de Leyva Campaña, Dña. Nuria Gutiérrez Medina y D. Juan José Ibáñez Martínez;
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda por mayoría (17 votos a favor y 7 votos en contra) aprobar la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para revertir las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejerzan hospedaje, agencias de viajes, camping o alquiler de vehículos de motor, cuyo texto ha sido reproducido de forma íntegra al comienzo del presente acuerdo.
URL:
http://www.granada.org/segmociones.nsf/byclave/55859987F0868E4BC1258C14003B58D2
