El Ayuntamiento de Granada ha renovado su certificado como ‘Municipio excelente en inversión social’, un reconocimiento a la buena ratio de inversión en esta área por habitante, que en el caso de la capital ha supuesto más de cien euros. El alcalde, Francisco Cuenca, ha considerado este certificado como un reconocimiento “al esfuerzo que estamos haciendo por la dignidad de todas las personas, especialmente por las que tienen una situación de mayor vulnerabilidad”.
Esta certificación es un reconocimiento otorgado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una entidad de prestigio profesional que cada año elabora una clasificación de las ciudades españolas que más recursos destinan, en términos absolutos, a las personas más desfavorecidas. El primer edil ha destacado especialmente que, de acuerdo con este estudio, “Granada es una de las cuatro capitales de provincia, junto con Cádiz, Zaragoza y Barcelona, que destacan en este ranking de la dignidad, la justicia y la solidaridad”.
Acompañado por la concejala de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, el alcalde ha alabado el trabajo realizado por este área municipal, “que no sólo ha hecho de este Ayuntamiento uno de los cuatro consistorios más sociales de todas las capitales españolas, sino que lo hemos logrado gestionando bien los recursos con que contamos y sobre la base de un servicio transparente y abierto a todas las personas”.
Para la concesión de este certificado, la Asociación de Directoras y Gerentes, experta en el sector, ha analizado por tercer año consecutivo de liquidación del presupuesto que los Ayuntamientos remiten al Ministerio de Hacienda. En el último año analizado, la lista incluye a 404 municipios mayores de 20.000 habitantes que han presentado ante le Ministerio la liquidación del Presupuesto de 2017. De ellos, sólo 31 municipios han obtenido la certificación de ‘Excelente’, mientras que 40 han sido calificados como ‘Pobres’ y los 56 restantes como ‘Precarios’.
Así, para ser considerado excelente, el Ayuntamiento de Granada ha tenido que cumplir una serie de requisitos como acreditar un gasto en servicios sociales y promoción social superior a 100 euros por habitante y año en 2017; esta partida no puede haberse reducido en los presupuestos de 2018; el gasto social tiene que representar al menos un 10% de lo presupuestado, y se debe cumplir también con el requisito de transparencia financiera. “Esto quiere decir, que se pueda cotejar en un portal de transparencia el desglose presupuestario y el detalle del gasto atribuido a servicios sociales”, ha concretado Cuenca, “porque hay ciudades con una alta inversión que, al incluir en este apartado otras partidas que no son de servicios sociales, han quedado fuera de la lista”.
