a) La participación libre y eficaz de las personas con discapacidad en el desarrollo político, social, económico y cultural.

b) Condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas para las personas con discapacidad.

c) La plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad.

a) 5.000 habitantes.

b) 20.000 habitantes.

c) 50.000 habitantes.

Cambiar la opción correcta en la plantilla correctora a la opción B, al tratarse de un derecho especifico de los interesados en el procedimiento administrativo (art. 53,1f Ley 39/2015, 1 octubre PACAP)

a) Los servicios específicos para la protección de niños y niñas.

b) El servicio de teleasistencia.

c) El servicio de ayuda a domicilio de los servicios sociales comunitarios vinculados a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

a) Que la delegación sea por un período máximo de un año.

b) Que la Entidad Local delegada asuma la financiación completa del servicio.

c) Que se establezcan las técnicas de dirección y control que se reserva la Administración delegante.

a) Cuando existe un deseo personal.

b) Cuando se toma conciencia de la necesidad del cambio.

c) Cuando es recomendable.

a) La calidad de los argumentos.

b) El conocimiento previo de la persona sobre el tema.

c) Señales superficiales como el atractivo de la persona que comunica o el número de argumentos.

a) Informar, valorar, orientar y asesorar a la población sobre las prestaciones y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales y de otros posibles recursos de otros sistemas de protección social en Andalucía.

b) Informar, valorar, orientar y asesorar a la población solo sobre las prestaciones y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales.

c) Realizar el análisis y la valoración integral de las demandas, necesidades de atención, problemáticas sociales, así como del grado de complejidad de las situaciones de necesidad de la población de referencia.

a) El procedimiento extrajudicial de gestión de conflictos no violentos, que puedan surgir entre componentes de una familia o grupo convivencial, mediante la intervención de profesionales con especialización.

b) El procedimiento judicial de gestión de conflictos violentos, que puedan surgir entre componentes de una familia o grupo convivencial, mediante la intervención de profesionales con especialización.

c) El procedimiento judicial de gestión de conflictos no violentos, que puedan surgir entre componentes de una familia o grupo convivencial, mediante la intervención de profesionales con especialización.

a) Cuando cualquier menor falta diez días lectivos al mes en Primaria, o acumula 50 horas de faltas en Secundaria, sin justificación.

b) Cuando cualquier menor falta cinco días lectivos al mes en Primaria, o acumula 25 horas de faltas en Secundaria, sin justificación.

c) Cuando cualquier menor falta quince días lectivos al mes en Primaria, acumula o 40 horas de faltas en Secundaria, sin justificación.

Error en la redacción de la respuesta indicada como correcta (B) conforme a la Orden de 19 de septiembre de 2015, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y control del Absentismo escolar, pues se sustituye el “y” por “o”, dando lugar a error y confusiones, además la respuesta C aparece mal redactada provocando confusión, por lo que solicita su anulación.

En las 3 opciones de respuesta no se especifica en referencia a las horas de faltas en secundaria en qué periodo son, mientras que en primaria si, por lo que puede dar lugar a confusión (horas semanales o mensuales).

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.2 del Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique.

2. Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en Educación Primaria y veinticinco horas de clases en Educación Secundaria Obligatoria, o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase, respectivamente.

a) El niño, niña o adolescente ha sufrido un daño físico o hay riesgo de que lo sufra como consecuencia de la incapacidad de su padre, madre o personas que ejercen su tutela o guarda de proporcionarle una atención adecuada a sus necesidades físicas, de seguridad, escolares y psíquicas.

b) El niño, niña o adolescente ha sufrido un daño físico o psíquico o hay riesgo de que lo sufra como consecuencia de la incapacidad de su padre, madre o personas que ejercen su tutela o guarda de proporcionarle una atención adecuada a sus necesidades físicas, de seguridad, escolares y psíquicas.

c) El niño, niña o adolescente ha sufrido un daño psíquico o hay riesgo de que lo sufra como consecuencia de la incapacidad de su padre, madre o personas que ejercen su tutela o guarda de proporcionarle una atención adecuada a sus necesidades físicas, de seguridad, escolares y psíquicas.

a) El servicio de protección de menores.

b) Los servicios sociales comunitarios de zona y las asociaciones en convenio con el Ayuntamiento.

c) Profesionales de la judicatura y la entidades relacionadas con salud mental.

a) Siempre que le acompañe el informe de derivación de urgencia.

b) Nunca.

c) Solo en los casos que exista colaboración por parte de la familia.

a) La Junta de Andalucía tiene las competencias para la autorización de residencia.

b) La Junta de Andalucía y los ayuntamientos colaboran en la integración de la población migrante, aunque carecen de competencias para la autorización de residencia.

c) Los ayuntamientos colaboran en la integración de la población migrante y tienen las competencias para la autorización de residencia.

a) La situación en que la aplicación de una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a las personas de un sexo en desventaja particular con respecto a las personas del otro, salvo que la aplicación de dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

b) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación equiparable.

c) El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo.

a) La perspectiva de género.

b) La igualdad de oportunidades.

c) La igualdad entre hombres y mujeres.

El único concepto recogido como tal en el artículo 43.1 de la 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía y que debe integrar los poderes públicos en el desarrollo y aplicación de las políticas sociales es el de la perspectiva de género, que coincide con el señalado en la respuesta a) que se da como correcta. Los principios que aparecen como las otras dos opciones de respuesta no aparecen reflejados en dicho artículo.

La perspectiva de género se trata de una herramienta de análisis social, indispensable para alcanzar la igualdad real que el principio de igualdad promueve; así como un elemento estratégico para promover la igualdad entre hombres y mujeres (Cuarta Conferencia sobre la Mujer celebrada en Pekín en 1995); con lo que queda de manifiesto que los tres conceptos no son idénticos.

a) Las hijas e hijos que sufran la violencia a la que está sometida su madre.

b) Las personas menores de edad, las personas mayores, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género, aunque no convivan en el entorno violento.

c) Las madres cuyos hijos e hijas estén sufriendo malos tratos.

Las opciones de respuestas A y B reproducen literalmente lo dispuesto en el precepto legal indicado y la redacción de la pregunta admite más de una respuesta correcta, generando ambigüedad e inseguridad jurídica en la resolución, por lo que se solicita su anulación o subsidiariamente considerar válidas ambas opciones de respuestas.

Cambiar la opción de respuesta correcta a la opción B conforme al literal de la norma indicada, por lo que se solicita sea corregida la opción de respuesta correcta en la plantilla correctora.

El tenor literal del artículo 1.bis) de la Ley 13/2007, añadido por el artículo 2 de la Ley 7/2018, de 30 de julio y en vigor a partir del 2 de agosto de 2018, es el siguiente:

“Artículo 1 bis. Concepto de víctima de violencia de género.

A efectos de la presente Ley, se considerarán víctimas de violencia de género y tendrán reconocidos los derechos de esta norma sin necesidad de interposición de denuncia, tanto si se trata de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual o violencia económica:

a) La mujer que, por el hecho de serlo, independientemente de su edad, orientación o identidad sexual, origen, etnia, religión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, sufra un daño o perjuicio sobre su persona. A estos efectos, el término “mujer” incluye a las menores de edad que puedan sufrir violencia de género.

b) Las hijas e hijos que sufran la violencia a la que está sometida su madre.

c) Las personas menores de edad, las personas mayores, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género y que convivan en el entorno violento.

d) Las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados.”

Por tanto, conforme a dicha redacción, la única respuesta correcta es, como así se señala en el cuestionario, la opción a), que coincide literalmente con la redacción de la letra b) de dicho artículo. La opción b) no coincide con la letra c) del artículo al referir que no es necesario que esas personas convivan en el entorno violento cuando si lo es, y la respuesta c) tampoco coincide con lo previsto en la letra d) del artículo, al hablar de que estén sufriendo malos tratos en vez de hablar de asesinados.

a) Hay más violencia de género de lo que en realidad parece.

b) Las hijas y los hijos de la pareja necesitan a su padre, aunque sea violento.

c) La mayoría de las denuncias por violencia de género no son falsas.

Partiendo de la definición de mito, dentro de la violencia de género, como la creencia falsa y estereotipada que minimiza su gravedad, culpa a la víctima o justifica al agresor.

Por otro lado, en las diversas áreas de mujer o igualdad se trabaja sobre los mitos para la prevención y concienciación de la población, es por ello que la opción B, conforme a esta definición se corresponde con un mito. Además, el objeto de esta pregunta es saber si las personas aspirantes que optan a formar parte de esta Bolsa, saben distinguir entre lo que es un mito y una realidad.

a) El uso pasivo de las redes sociales se ha relacionado con una mayor tendencia a la adicción.

b) El uso compensatorio de las redes sociales se ha relacionado con una mayor tendencia a la adicción.

c) El uso continuo de las redes sociales se ha relacionado con una mayor tendencia a la adicción.

Considera la opción C también sería correcta, pues diversos estudios muestran que un elevado tiempo diario de uso o una mayor intensidad /hábito de uso continuado de redes sociales se asocia con más riesgo de uso problemático o adictivo, en el sentido de que el tiempo de uso intensivo es un predictor de adicción, por lo solicita su anulación al tener varias opciones de respuestas correctas, al existir respaldo empírico y teórico para que el uso continuo sea un factor relevante para la adicción a redes sociales.

Aunque la opción B parece más correcta, sin embargo, un uso más activo, puede favorecer la dependencia al aumentar el tiempo de exposición a las redes sociales y dado que los estudios o investigaciones aportan resultados contradictorios, se podría considerar las opciones B y C como correctas, por lo que solicita su anulación.

Existen estudios científicos sobre los 3 tipos (uso pasivo, uso compensatorio y uso continuo), por lo que podría justificarse las opciones B y C como asociadas a mayor tendencia adictiva, con lo que habría varias opciones de respuestas correctas, por lo que se solicita su anulación.

Las respuestas están mal formuladas, siendo correctas las opciones B y C, pues los trabajos de investigación también concluyen que un uso continuo de las redes sociales podría tener relación con una mayor tendencia a la “adicción” y un uso continuo puede ser también compensatorio, y viceversa, pudiendo ser ambas correctas, por lo que solicita su anulación.

a) La entrevista de devolución y la redacción del informe.

b) La entrevista de cierre y la clausura del expediente.

c) La entrevista final y la derivación interprofesional.

Estos son los dos elementos que específicamente constituyen el cierre del proceso de psicodiagnóstico y el resto de opciones de respuestas propuestas no constituyen ningún elemento del proceso de psicodiagnóstico.

a) Diagnóstico sintomático y estructural.

b) Diagnóstico estructural y orgánico.

c) Diagnóstico biomédico.

Basándonos como manual de referencia en la CIE-11 y en el DSM5.

Respecto a la opción C: por definición el diagnostico biomédico se enfoca en la enfermedad desde una perspectiva física, química o genética, por lo que no puede ser un diagnóstico psicológico.

Respecto a la opción B: por definición un diagnostico estructural es el que analiza la seguridad, estabilidad y funcionalidad de una estructura, como una materia, mientras que un diagnóstico orgánico hace referencia a las partes y funcionamiento de un organismo vivo.

Respecto a la opción A: un diagnostico sintomático estructural identifica y clasifica los problemas observables del paciente para entender la estructura de su personalidad.

a) La Psicología Laboral.

b) La Psicología del Trabajo y las Organizaciones.

c) La Psicosociología.

Error en la clave de corrección y error categorial en la formulación, siendo la opción B la única que responde con precisión a la disciplina psicológica solicitada, siendo la opción B la disciplina formal y la opción C una especialidad aplicada, no la disciplina, según la evidencia académica, por lo que solicita su anulación por su formulación ambigua o subsidiariamente, modificar la plantilla correctora para poner la opción B como respuesta correcta.

Por la ambigüedad conceptual y superposición disciplinar entre áreas de psicología del trabajo y la Organizaciones y la Psicosociología, con lo que las opciones B y C pueden interpretarse correctamente como disciplinas, una técnica y la otra científica, por lo que solicita su anulación al tener varias opciones de respuesta correctas.

La opción C no es una disciplina psicológica, mientras que la opción B, conforme al Libro Blanco de la Psicología, si se considera como campo profesional de la Psicología, asimismo recoge las misiones y funciones de dicha disciplina, encuadradas entre ellas las expuestas en la pregunta formulada, por lo que solicita su anulación por la formulación de la pregunta.

Según la definición del Consejo General de la Psicología de España en relación a las funciones del psicólogo del Trabajo y las Organizaciones se correspondería con la opción B, aunque la opción C, dada como válida, estudie el impacto de los factores psicosociales en el entorno del trabajo y su influencia en la salud de los trabajadores, por lo que solicita que se cambie la opción dada por correcta de la C por la B.

La respuesta “C” es la correcta ya que se ajusta exactamente a la definición de psicosociología, ya que es la disciplina que tiene como principal objeto de estudio la prevención de riesgos laborales. El resto de disciplinas no se centran, específicamente en ese objeto de estudio, aunque puedan compartir otros objetivos y materias de estudio comunes. Puede consultarse en: Manual de Psicosociología Aplicada al trabajo y a la prevención de los riesgos laborales.

a) Situaciones estresantes.

b) Trastornos psicóticos.

c) Baja autoestima y depresión.

a) La facilidad de su aplicación por parte de la persona terapeuta.

b) El nivel de mejoría de pacientes al final del tratamiento.

c) Su aplicación en diferentes culturas.

a) A qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse.

b) A qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse, así como la identificación la persona afectada.

c) A qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse, así como la identificación del responsable del tratamiento.