Se presenta a Pleno Moción del Grupo Municipal Popular contra la ocupación ilegal de viviendas, que pasa a exponer su Portavoz, Dña. Rocío Díaz Jiménez y que cuenta con el siguiente tenor literal:
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El Partido Popular ha anunciado la presentación en el Congreso de los Diputados de una Proposición de Ley Orgánica destinada a combatir la ocupación ilegal de viviendas que garantice el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social. En su articulado se establece, entre otras medidas, que la Policía podrá desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo ‘Express’ de 24 horas, sin necesidad de esperar varios meses como hasta ahora y refuerza el delito de usurpación pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres años.
Frente a la pasividad e incluso permisividad de los mal llamados ‘alcaldes del cambio’, esta Proposición de Ley, de aprobarse, evitaría situaciones como la del Patio Maravillas en Madrid o que se produzcan hechos tan lamentables como el ocurrido el pasado 5 de enero en Badalona, donde murieron tres vecinos de un inmueble a consecuencia de una sobrecarga eléctrica provocada por el ‘enganche’ ilegal de los okupas que vivían además de forma ilegal en un edificio del barrio de San Roc. Estos ayuntamientos, lejos de promover una política efectiva de vivienda se han dedicado a ‘consentir’ una usurpación de la propiedad que no es justificable en ningún caso, pues se produce una colisión de dos derechos fundamentales: el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad, cuando ambos derechos tienen que ser respetados, coadyuvar, complementarse y convivir.
Cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto delictivo y hay una víctima a la que se despoja de un derecho que también tiene amparado en la Constitución. No puede ser que estas políticas de cambio se basen en considerar la ocupación ilegal como una solución válida para una minoría, cuando se han convertido en un problema para la mayoría.
Combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar contra las mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar así, la propiedad privada, la convivencia y la seguridad son los motivos principales que impulsan esta iniciativa normativa en el Congreso de los Diputados.
Aunque en la última década se han acortado sustancialmente los plazos judiciales para el desalojo de viviendas, el problema de la ocupación genera alarma en la sociedad española y el número de viviendas ocupadas no deja de aumentar. Además, el fenómeno ha generado la instauración de mafias de la ocupación y la utilización de muchos de estos inmuebles para actividades delictivas.
Como ejemplo, en la Comunidad de Madrid a septiembre de 2018 había 4.472 viviendas okupadas, 498 más que un año antes. La mayoría de estos inmuebles se encuentran, además, en la capital. Estas cifras se reproducen de manera similar en otras grandes capitales españolas.
La Proposición de Ley define por primera vez de forma clara la ocupación ilegal e impide que los okupas estén protegidos por el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio o por el concepto de morada. De esta manera, se evita que tengan la misma protección en la casa que habitan de forma ilegal y en contra de la voluntad del propietario que el que la habita de forma legal. La autoridad pública podrá desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 24 horas.
Asimismo, la nueva ley reforzará las penas asociadas a los delitos de usurpación, que pasarían de multa a privación de libertad de uno a tres años y contempla de manera específica la figura de las mafias de okupación.
Así, agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y para ello modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Jurado.
De igual manera, amplía la reforma de los procesos civiles, aprobada en junio de 2018, para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la posesión de sus casas. Hasta ahora la propiedad jurídica del inmueble dificultaba más todavía el desalojo.
La nueva normativa, de aprobarse, facultará también a las comunidades de propietarios, cuando los ocupantes ilegales realicen actividades prohibidas o molestas o incívicas, para garantizar la correcta convivencia vecinal. Además, considera nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona inscrita sea un okupa ilegal, modificando para ello la Ley de Bases de Régimen local.
Esta Proposición de Ley no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios ni tiene como objetivo regular los conocidos ‘precarios’ y deja claro que aquellas personas con problemas económicos o de desempleo no van a ser consideradas como okupas.
Por todo lo anterior y por las indudables ventajas sociales que esta iniciativa conlleva, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes:ACUERDOS
PRIMERO. Dar su firme apoyo a la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, registrada en el Congreso de los Diputados el 31 de enero.
SEGUNDO. Reclamar de las fuerzas políticas con representación parlamentaria que den su aprobación a esta iniciativa normativa ‘antiokupa’, pionera en España, por ser de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado a causa de esta falsa vía de acceso a la vivienda.
TERCERO. Dar traslado de estos acuerdos a la Ministra de Justicia, a la Vicepresidenta del Gobierno y a los Portavoces Parlamentarios de los Grupos con representación en el Congreso y en el Senado. Así como al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias
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Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:
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Tras el debate, se somete la moción a votación obteniéndose el siguiente resultado:
- 21 votos a favor emitidos por los 9 Concejales/Concejalas presentes del Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D. Fernando Arcadio Egea Fernández-Montesinos, Dña. María Rocío Díaz Jiménez, D. Juan Manuel García Montero, D. Juan Antonio Fuentes Gálvez, Dña. María Francés Barrientos, D. Ruyman Francisco Ledesma Palomino, Dña. María Telesfora Ruiz Rodríguez, Dña. Raquel Fernández Cruz y Dña. Inmaculada Puche López, los 7 Concejales/Concejalas Presentes del Grupo Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana María Muñoz Arquelladas, D. Baldomero Oliver León, Dña. María Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José Castillo Jiménez y Dña. María de Leyva Campaña, los 4 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), Sres./Sras.: D. Manuel José Olivares Huertas, Dña. Lorena Rodríguez Torres, D. Raúl Fernando Fernández Asensio y Dña. Mª del Mar Sánchez Muñoz y 1 Concejal del Grupo Municipal Vamos, Granada, Sr. D. Luis de Haro-Rossi Giménez.
- 3 votos en contra emitidos por 1 Concejala del Grupo Municipal Vamos, Granada, Sra. Dña. Marta Gutiérrez Blasco, 1 Concejal del Grupo Municipal de IUAS-GPG, Sr. D. Francisco Puentedura Anllo y 1 Concejala no adscrita, Sra. Dña. María del Pilar Rivas Navarro.
En consecuencia, El Ayuntamiento Pleno
acuerda por mayoría (21 votos a favor y 3 votos en contra)
aprobar la Moción del Grupo Municipal Popular contra la ocupación ilegal de viviendas, cuyo texto ha sido reproducido de forma íntegra al comienzo del presente acuerdo.