El Ayuntamiento de Granada ha aprobado el Plan de Intervención Social en Zonas desfavorecidas, un instrumento participativo que beneficiará y mejorará la calidad de vida de más de 35.000 personas, principalmente en la zona Norte y Santa Adela. La concejala de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, ha definido el documento como “integral, participado, inclusivo y de toda la ciudad, porque Granada no avanzará si no avanza en su conjunto”.
Con una vigencia de cuatro años (2018/22), este Plan parte del análisis de los ocho distritos de la ciudad para centrarse en el diagnóstico de las dos zonas que se han determinado como más desfavorecidas, que son Santa Adela, en el Zaidín, y los siete barrios del distrito Norte, además de una pequeña zona del distrito Beiro, que también ha sido incluida. En total una población de 35.279 personas de las que 26.317 corresponden a Norte y 8.962 a Santa Adela.
Acompañada por numerosos representantes de colectivos y asociaciones implicados en la elaboración del documento, Jemi Sánchez ha insistido en el carácter participativo del mismo –recoge aportaciones de casi 80 organizaciones- y ha agradecido a entidades sociales, técnicos municipales, vecinos y vecinas de los barrios y partidos políticos del Ayuntamiento, “su trabajo, su dedicación y su apoyo para que este Plan se haya hecho realidad, por primera vez, en la ciudad de Granada”.
Así, la concejala ha explicado que, tras un diagnóstico riguroso y consensuado de la realidad de los distritos de Granada, el Plan propone un total de 278 actuaciones y 91 medidas referidas fundamentalmente a Santa Adela y la zona Norte, que pivotan en cuatro ejes estratégicos: desarrollo económico y comunitario sostenible, políticas públicas para el bienestar y la cohesión social, mejora del hábitat y la conveniencia y, por último, trabajo en red.
Entre las medidas previstas dentro del primer eje de desarrollo comunitario, la edil de Derechos Sociales ha destacado la regulación de la economía sumergida, la creación de empresas de inserción y economía social o la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos que faciliten la contratación de vecinos y vecinas de las zonas desfavorecidas.
Por lo que se refiere a la implantación de políticas públicas para el bienestar y la cohesión social, el Plan prevé la puesta en marcha, en las dos zonas afectadas medidas como escuelas de formación de padres y madres, protocolos de acogida de menores infractores, desalojo de infraviviendas y realojo en viviendas dignas o impulso a la figura de enlace entre Centros de Salud y Centros educativos para evitar embarazos no deseados y contagio de ETS. Además, propone el uso del Centro de Formación de Cartuja (PPO) para impulsar la formación de los vecinos de Note o la creación de un Centro de Día de Menores en Riesgo en el Zaidín.
El eje estratégico de mejora del hábitat y la convivencia contempla mejoras en el acerado y asfaltado de ambas zonas, así como endurecimiento de multas a los dueños de animales que no recogen los excrementos, creación de parques caninos o contratación de vecinos y vecinas dinamizadores comunitarios. En Santa Adela, además, la iniciativa ciudadana pide una piscina municipal y locales de ensayo, mientras que en Norte se demanda un mapeo de zonas verdes y que se garantice el servicio de taxi, entre otras medidas.
Respecto al último de los ejes, el de trabajo en red, el Plan presentado esta mañana apunta a la creación de proyectos comunes entre entidades sociales y administraciones y a la puesta en marcha de un periódico de barrio en Santa Adela. En Norte se reclaman también diversas acciones de comunicación que van desde la creación de un grupo de personas formadas para enfocar y analizar las noticias del barrio, a establecer espacios de encuentro con los medios de Comunicación para cambiar la imagen del distrito o crear un banco de buenas prácticas innovadoras como espacio virtual para el intercambio de iniciativas.
Tras afirmar que el documento completo –más de doscientas páginas- está a disposición de la ciudadanía en la web del Ayuntamiento de Granada, la concejala de Derechos Sociales ha incidido en que, a partir de ahora, “cualquier intervención social tiene que estar enmarcada en este Plan de Inclusión” y ha destacado que este proyecto es también una muestra de la línea de colaboración entre el Consistorio y la Junta de Andalucía “en todas aquellas iniciativas que buscan el desarrollo de la ciudad y del conjunto de sus barrios”.