Blindar el estado del bienestar
Manuel Martín García, 14 de mayo 2018
“Viene un gobierno, y va contra los pobres, lo cambian, y lo mismo.
Pero que se joroben, ¡porque cada vez somos más!”
(Testimonio de una ciudadana atendida en nuestra oficina)
¿Estamos saliendo realmente de la crisis? Esta es la pregunta que muchas personas no paran de plantearse. Su respuesta no es fácil. Es verdad que según los datos económicos, la economía española comienza a dar signos de recuperación, y de que estamos saliendo de la recesión; pero aún así, me preocupa cómo se está saliendo y sobre todo, las secuelas que está dejando.
A pesar de la mejora de algunos indicadores económicos, a través de las principales quejas presentadas en la oficina del Defensor de la Ciudadanía de Granada, podemos constatar como las consecuencias de la crisis son muchas y afectan a una gran cantidad de personas y familias. La crisis ha dejado profundas cicatrices. La mejora de los datos económicos no ha llegado a las capas bajas y medias de la sociedad.
Es cierto que el escenario ha cambiado y ya no vivimos la situación de crisis tan aguda como la sufrida entre los años 2008 y 2014, pero aún así, la recuperación generalizada y las nuevas oportunidades de mejora no comienzan a llegar para la mayoría de la población. La crisis ha generado una fractura social; una regresión en derechos sociales.
Falta de vivienda, desahucios, desempleo, dificultades económicas en los hogares, problemas con la hipoteca, situaciones de pobreza energética, problemas con la solicitud/tramitación del salario social, demoras e impagos de ayudas sociales, la actitud insolidaria de las entidades financieras, etc., son quejas que la ciudadanía sigue denunciando. Son problemáticas graves y preocupantes, secuelas de una crisis de la que todavía no se encuentran síntomas de recuperación generalizada. Los colectivos más afectados son los de mayor vulnerabilidad: personas mayores, mujeres y menores.
Según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, la evolución de los desahucios en Granada y provincia ha sido: en 2013, 1.167 desahucios; en 2014, 1.147; en 2015, 1.408; en 2016, 1.358 y en 2017, 1.339 desahucios. En Andalucía, el número de lanzamientos ejecutados durante 2017 fue de 10.437, cifra que supone un aumento del 4,4% respecto a los 9.998 del año 2016, reflejando y demostrando que para muchas familias las secuelas de la crisis siguen presentes. A nivel nacional se practicaron 60.754 desahucios, un 3,6% menos que el año anterior. Según la misma fuente, en España, durante 2017 se han realizado 100 desahucios al día por impago de alquiler que equivalen a 4 desahucios por hora; para muchas de estas familias se trata de un segundo desahucio, primero se quedaron sin vivienda por no poder pagar la hipoteca al banco, y después se quedan en la calle por no poder pagar el alquiler.
Las quejas que llegan hasta nuestra oficina ponen en evidencia que la recuperación no está llegando por igual a la economía de todas las granadinas y granadinos, y que son muchas las personas que necesitan apoyo por parte de las Administraciones. El trabajo ha dejado de ser una garantía para poder salir de la pobreza, pues existe una gran proporción de trabajadoras/es con bajos salarios y en riesgo de pobreza. La realidad actual plantea escenarios marcados por la precariedad y la falta de oportunidades. Parece que el precio de la recuperación es sobrevivir en la precariedad. La precariedad lo invade casi todo.
El elemento más característico causado por la crisis ha sido la injusta y desigual distribución de la renta personal. La crisis supuso una caída en la prestación de los servicios públicos y un descenso en la inversión pública en salud, vivienda, educación, servicios sociales, etc. Hay una clara regresión en el estado del bienestar, descenso en servicios sociales, y por consiguiente, una evidente discriminación en el acceso a los Derechos Humanos.
Las políticas de austeridad aplicadas durante la crisis han originado situaciones de desigualdad sin precedentes dañando la cohesión social, por ello, ahora cuando parece ser que la economía se encuentra en un claro proceso de recuperación, se abre una oportunidad para revisar el funcionamiento de las políticas sociales. Es de urgente necesidad la mejora de las políticas sociales existentes, así como la puesta en marcha de nuevas políticas sociales. Si no se produce este cambio, las desigualdades y la exclusión social irán en aumento.
Es imprescindible que las políticas dirigidas a la lucha contra la pobreza y la exclusión desarrollen y potencien la protección y la cohesión social; esto significa que los sistemas de protección social sean universales, garantizando el bienestar de la población, a través del desarrollo de los servicios sociales como cuarto pilar del estado de bienestar, la protección jurídica y la garantía económica, de tal forma que permitan a todos los ciudadanos, especialmente a los más necesitados, acceder y ejercer nuestros derechos sociales fundamentales. La pobreza es una amenaza contra los derechos sociales de la ciudadanía, por ello es importante, necesario y urgente que en la agenda política se incorpore, de verdad, la lucha contra la pobreza.
De todos los factores que pueden incidir en el hecho de que un ser humano sea pobre, ninguno influye tanto como el género. La pobreza, la desigualdad y la exclusión tienen rostro de mujer. La 'feminización de la pobreza', un concepto acuñado en los años 70 del siglo pasado, sigue vigente hoy. España no escapa a esta tendencia, agudizada durante los años de crisis económica y que no parece repuntar con la recuperación económica. Además, las mujeres tienen mayores dificultades para acceder al empleo, sus empleos son más estacionales, se destruyen con más rapidez y por término medio, las mujeres siguen ganando en todo el mundo menos que los hombres en el mercado de trabajo; estas diferencias se acentúan en la jubilación ya que ellas perciben de media un 37% menos en concepto de pensión.
No habrá salida de la crisis ni recuperación económica, sin el conjunto de la clase trabajadora, -empobrecida por la destrucción de empleo, la reducción de las prestaciones sociales y la devaluación salarial-, factores todos ellos que son agravados en el caso de las mujeres. Solamente el estado de bienestar puede combatir la desigualdad.
¿Qué pensaríamos si cuando se habla, por ejemplo, del derecho a la vida o a la libertad de expresión se supeditara a que hubiera disponibilidad económica para llevarlos a la práctica? La insuficiencia presupuestaria no puede ser una excusa para suprimir derechos. Los derechos vinculados al estado de bienestar no pueden quedar a expensas de la situación económica. Los responsables públicos tienen que blindar el estado de bienestar; en palabras más sencillas, deben garantizar la inversión pública sobre la que se sustenta el estado de bienestar.
Documentos adjuntos : Blindar el estado del bienestar
Publicado con fecha 14/05/2018
